México ante la ONU: hay que encarar el crimen y la pobreza PDF Imprimir E-mail
Noticias - El Mundo
Escrito por Redacción   
Martes, 03 de Febrero de 2015 07:28

Padres de normalistas solicitan apoyo a la ONU en Ginebra, “nuestro gobierno es incapaz”.

 

Durante la sesión del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos pidieron ayuda este lunes a la Organización de Naciones Unidas para buscar justicia y aseguraron que no confían en la capacidad del gobierno de México para investigar el crimen.

 

‘‘Hemos decidido venir aquí, a este comité, para conseguir algo de apoyo y obtener realmente justicia, ya que nuestro gobierno es incapaz’’, dijo a los periodistas Bernabé Abraján, padre de Adán, una de las víctimas. La sesión comenzó con un minuto de silencio por las 43 estudiantes.

 

El comité de la ONU presionó repetidas veces sobre el alcance de las investigaciones, la base de datos nacional sobre personas desaparecidas, así como los programas de protección para testigos y denunciantes.

Juan José López Ortega, miembro del comité, preguntó: ‘‘¿Cuántos funcionarios públicos han sido retirados de sus cargos en conexión con las investigaciones que se están realizando?’’

 

Amnistía Internacional (AI) dijo que ha documentado casos de secuestros y desapariciones cuando las fuerzas de seguridad mexicanas, incluido el Ejército, ‘‘han apoyado o se han hecho de la vista gorda’’ con la actividad de bandas criminales.

 

Por su parte el gobierno de México reconoció hoy la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, como es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ‘‘México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los enormes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar’’, dijo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo.

 

El comité de la ONU vigila el cumplimiento con un tratado que prohíbe las desapariciones forzadas a través de arrestos o secuestros por agentes estatales o personas que trabajan respaldadas por el Estado. (La Jornada)

 

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