Carta Abierta de Jaime García Chávez al Lic. Javier Ramírez Benítez PDF Imprimir E-mail
Opinión - Jaime García Chávez
Miércoles, 10 de Noviembre de 2010 15:19

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua

PRESENTE.

Hace poco más de tres semanas concreté la intención de enviarle la presente carta, lo hago con retraso pero creo que su contenido guarda pertinencia en el momento que vive el estado. Veo con profunda preocupación que el Poder Judicial que usted encabeza continúe en dependencia del gobernador, violentando su autonomía   e independencia como poder y en atención al marco formal de la Constitución  que inequívocamente previene la división de poderes como arreglo institucional para contrapesar el ejercicio del poder mismo, tan proclive a los mecanismos propios del despotismo o el autoritarismo.

 

Hace unas cuantas semanas estuvo en nuestro país la señora Gabriela Knaúl, Relatora Especial de la ONU, sobre la independencia de magistrados y abogados y su  declaración final de prensa es más que elocuente. Después de haber recorrido varias entidades de la República y celebrado un buen número de entrevistas con organizaciones estatales y civiles involucradas con la administración de justicia, concluyó como apuntalamiento de “verdaderos problemas” que: “El acceso a la justicia sigue siendo una deuda para muchos mexicanos, especialmente para aquellos que viven en una situación de pobreza, la población indígena, quienes habitan en zonas rurales y remotas, las mujeres y las personas migrantes”, de donde desgajo estas conclusiones, que trascribo —entre comillas y subrayados propios— asignándole rubros específicos.

Desde el surgimiento de la primera República en 1824 y hasta ahora, jamás los magistrados han asumido la potestad de designar su propia cabeza, facultad enajenada al Poder Ejecutivo y en  momentos muy negros a los caciques y caudillos locales. Luego es explicable que la  carencia  de independencia de la magistratura, no juegue a favor  ni del estado de derecho, por una parte, ni de la cultura de la juridicidad sin la cual dicho estado se convierte en simple retórica en  boca de los poderosos, por otra.

1.- FALTA DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA: “La visita me ha permitido apreciar que debido al sistema federal de gobierno hay grandes disparidades entre los respectivos sistemas judiciales a nivel federal y entre los estatales. Persisten deficiencias estructurales y orgánicas en el sistema judicial, especialmente a nivel de las entidades federativas, que repercuten en la independencia y autonomía de los poderes judiciales. Por ejemplo, por cuanto concierne a los tribunales superiores de justicia en los estados es frecuente que la designación de sus magistrados se realice -en la práctica- por el gobernador, aunque sea ratificado por el Congreso. Esta vinculación al Poder Ejecutivo llega a tal grado que determina, de facto, la designación de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia”.

2.- REFORMA PENAL:  ”La reforma constitucional en materia de justicia penal, adoptada en 2008, que tiene como prioridad transformar al sistema de justicia penal de un modelo inquisitivo a uno de carácter acusatorio y oral, contiene muchos elementos positivos, incluyendo el principio de presunción de inocencia y la disposición de que toda declaración que no sea hecha delante de un juez será inválida. Sin embargo, esta reforma constitucional está enfrentando dificultades y obstáculos en su implementación y no parece gozar de la decidida, constante y uniforme voluntad política en todo el país para avanzar de manera adecuada”.

3.- RACIONALIZACIÓN DEL GASTO: “Es preciso que los poderes judiciales hagan un esfuerzo adicional por racionalizar sus gastos, transparentar su actividad administrativa e incrementar la eficacia y eficiencia de la función jurisdiccional que desempeñan”.

4.- EJERCICIO DE  LA ABOGACIA: “Por lo que concierne a la profesión de los abogados faltan criterios uniformes de calificación para el ejercicio de la actividad, así como un mecanismo de supervisión dependiente que pueda velar por la calidad, la integridad, la ética y la honorabilidad de la profesión. Se debería adoptar una reglamentación de los profesionales del derecho que garantice una representación profesional calificada. La colegiación obligatoria es un mecanismo en este sentido, así como la obligación de un periodo de práctica para los licenciados en derecho que quieran ejercer la abogacía, al término de la cual un examen les permitiría dedicarse a ella. Además, me gustaría subrayar que la gran mayoría de los abogados parecen no utilizar el derecho internacional de los derechos humanos, pues prácticamente todos los actores judiciales que he encontrado me han señalado que muy raramente se invoca la aplicación de los tratados de derechos humanos reconocidos por México”.

5.- PROTECCIÓN A LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA: “Por lo anterior, se requiere la adopción de un sistema integral de prevención y protección para todos los operadores de justicia, tanto a nivel federal como en las  entidades federativas. El fortalecimiento de un Estado de Derecho y la lucha efectiva contra la violencia sólo serán posibles si el sistema de justicia en su conjunto es sólido e independiente.

6.- PUBLICIDAD: “La publicidad y la transparencia en las actuaciones de los impartidores de justicia fortalecen la independencia y aumentan la confianza y credibilidad públicas en las instituciones.”

Bien es cierto que el documento de la relatora es más amplio que el simple resumen que yo le transcribo, empero dándoles caracteres de premisas mayores para valorar lo que aquí tenemos, tengo para mí como válidas estas conclusiones:

Que nuestro Poder Judicial mantiene el rango de dependencia del Ejecutivo al alto costo de sacrificar independencia y autonomía.

Que la política de mano dura (establecimiento de la cadena perpetua y la grotesca apertura para el debate de la pena de muerte por el pastor de los diputados del PRI en el Congreso local) del gobernador Duarte es presagio que anuncia el regreso en la práctica a los modelos inquisitivos propios del autoritarismo y de su visión del derecho penal, teñido de un sentido altamente represivo y violatorio del principio de presunción de inocencia.

Cierto que la participación porcentual del Poder Judicial en el presupuesto local rebasa el 2%, (recomendado por la Relatora) pero no menos cierto es que a últimas fechas se ha perdido de vista la divisa racional de acrecentar el presupuesto directo para que repercuta, privilegiadamente, en la función jurisdiccional strictu sensu y no como sucede ahora a favor  del cada vez  más obeso aparato administrativo, que aparte de pesado para el erario, es fuente  del burocratismo, nepotismo y el clientelismo.

De la abogacía qué decir, aquí el mal es de fondo y empieza desde la formación misma de los profesionales. Hay todo un engranaje político que daña el servicio de los abogados a la sociedad cual serían que sus colegios o agrupaciones son meros clubes sociales o aparatos que ocupan el cargo de patiños de los políticos con poder. Estamos en el extremo en que ya se reconoce como vocero de los abogados al que teniendo apellido ferroso no es más que orín y siempre aplaude y nada se preocupa por hacer de la profesión una encomienda para lograr bienes públicos.

Cierto: hay que proteger a los operadores de la justicia (jueces y magistrados) pero no improvisando ni sacando cartas de entre la manga. Es una peregrina idea el establecimiento de jueces sin rostro. Cabe la pregunta: ¿cómo evaluar la transparencia si ni siquiera los justiciables podrán ver los rostros de sus jueces? La calidad de la justicia que hemos tenido ahora no justifica, por sus fallos, la existencia de jueces encapuchados. En una situación tan compleja como la que tenemos, embozarlos es otorgarles un privilegio y desde que Sieyes lo dijo tiene un enorme valor: un privilegio es un estímulo para unos cuantos y un desaliento para todos los demás. Los que ejercen la crítica a la corrupción y violencia imperantes tenemos que dar la cara todos los días, de donde se convierte en una insolencia proteger a jueces que no han tenido ni el valor, ni el talento, ni el talante para jugársela con un proyecto de reforma como el que estableció el sistema acusatorio en Chihuahua.

Así las cosas, tiene razón la Relatora:

“Esta situación afecta seriamente la independencia y autonomía de los órganos impartidores de justicia a nivel local, por lo que es indispensable tomar las medidas necesarias para garantizar la plena independencia de los integrantes de los poderes judiciales de los estados tanto a nivel interno como frente a los  poderes ejecutivos. La adopción de una carrera judicial, que abarque a todo el personal judicial.” 

Me he ido de largo en las citas, porque les reconozco en sus autores autoridad intelectual y además porque sé de cierto que estas instancias de la ONU reman a favor de la plena vigencia de los Derechos Humanos.

En mérito a las preocupaciones que le he expuesto creo pertinente y lo recomiendo, abrir una consulta amplia entre la sociedad sobre estos temas:

a.- La reconstrucción constitucional del Poder Judicial del Estado, para fortalecer la división de poderes.

b.-La autonomía del ministerio público, la viabilidad  de la policía única y la afectación provocada por la militarización.

c.-  Sesiones abiertas, rigurosamente periódicas, con agendas previas y públicas del pleno del Supremo Tribunal de Justicia.

d.- Establecimiento de claros mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial.

e).- Establecimiento real del contencioso administrativo como mecanismo para acabar con el despotismo y la discrecionalidad de los funcionarios públicos.

f.- Apertura de las universidades para establecer la formación de profesionales del derecho o generación de nuevas alternativas para paliar la deficiencia.

g.- Revisión de fondo del sistema de justicia para menores de edad.

El clamor general reclama del Poder Judicial que cesen las obsequiosidades hacia el Ejecutivo. Que se entienda que en las relaciones de los poderes la forma es fondo  y que no se continúe por el camino que ha conducido a mantener dependiente un poder básico del Estado, cual se le mantuvo acostado en los últimos años.

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios (mi dirección es calle 13 No. 1608 Col. Obrera), me despido de usted con un saludo respetuoso.

Lic. Jaime García Chávez.

 

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