Juicio Político PDF Imprimir E-mail
Opinión - Columnas
Escrito por Gerardo Cortinas Murra   
Miércoles, 12 de Abril de 2017 06:53

Gerardo Cortinas Murra.

Luis Villegas, magistrado del STJ, presentó demanda de juicio político en contra de los diputados panistas Citlalic Portillo, Miguel La Torre y Laura Marín, en su carácter de integrantes de la Comisión Legislativa de la Primera de Gobernación del Congreso del Estado; así como también, en contra del magistrado Presidente del TSJ, Julio Jiménez Castro, por violaciones graves a los principios constitucionales.

 El acto de autoridad reclamado, es el Acuerdo en el que se aprobó realizar “la inspección de los expedientes radicados -en las salas regionales de Parral- a fin de obtener una copia autorizada de ellos, de los libros en que estos queden registrados, de los registros audiovisuales, en su caso, así como de las audiencias por ellos presididas que se ventilaron, entre otros asuntos”.

En dicho Acuerdo legislativo, también se aprobaron las siguientes peticiones: a) solicitar al TSJ, comisionar dos visitadores judiciales para coadyuvar en la recepción de dichos datos; b) que proporcione copias de las declaraciones patrimoniales de los dos magistrados a cargo de las salas regionales citadas, así como información sobre familiares consanguíneos o por afinidad; y c) requerir al Registro Público de la Propiedad para que informe sobre la existencia de bienes inmuebles a nombre de los dos funcionarios judiciales.

El argumento impugnativo de Luis es “que, en el desarrollo de su labor, como corolario de una feroz persecución encabezada por el Gobernador Javier Corral, los diputados denunciados, incurrieron en diversas violaciones al marco jurídico vigente en la Entidad… las flagrantes violaciones a la Constitución cometidas por el Presidente del TSJ, quien se supone es un conocedor del derecho; lo cual, lo hace reo de mayor culpa y de traición a la integridad e independencia del Poder del Estado que él encabeza, dado su elevado grado de especialización y su honrosa investidura”.

 “Esta intromisión, desde el seno del Legislativo, maquinada y alentada desde Palacio de Gobierno, resulta un signo de descomposición de las instituciones que no puede paliarse con todas las denuncias del mundo… (porque) la gestión de los asuntos públicos, no pasa por arrebatos mesiánicos ni venganzas encarnizadas; y menos, por complicidades que duelen más por su origen que por sus contenido”.

En cuanto al procedimiento, la Constitución Local establece que los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, pueden contraer responsabilidad oficial, por actos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Por su parte, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos precisa este concepto: redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, entre otras, las siguientes conductas u omisiones: el ataque a las instituciones democráticas, y cualquier infracción a la Constitución local o las Leyes Estatales que cause daños o perjuicios graves al Estado o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de sus instituciones.

Sin embargo, debe señalarse que los diputados de la pasada Legislatura cometieron el absurdo de derogar el procedimiento del Juicio Político; de tal manera que, en la actualidad, no existen reglas procedimentales que regulen el juicio mediante el cual sea posible reclamar la responsabilidad ‘oficial’ a los funcionarios de gobierno.

Para acreditarlo, basta con transcribir el Art. 218 de la actual Ley Orgánica del Poder Legislativo: “Las solicitudes de denuncia de Juicio Político y de Declaración de Procedencia, que se presenten en contra de las y los servidores públicos mencionados en el artículo 179 de la Constitución Política del Estado, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley que expida el Poder Legislativo, para tales efectos”.

Yo me pregunto: ¿Quién es el valiente que promueva juicio político en contra de los exdiputados por semejante aberración jurídica? Ante tal laguna jurídica, ¿Cuáles serían las reglas procedimentales aplicables?

JUICIO VS PATRICIO:

La Constitución del Estado establece que el procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Y las sanciones aplicables podrían ser la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturale­za en el servicio público.

Asimismo, se establece la figura de denuncia popular, mediante la cual cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de pruebas suficientes, podrá formular denuncia de juicio político. Con sustento en este mandato constitucional, en el lejano año de 1999, promoví juicio político en contra del exgobernador.

En aquellos años, Raúl Chávez era el Oficial Mayor del Congreso, quien de manera por demás arbitraria dilato el juicio por años, sin darme la oportunidad de ratificar mi denuncia. Años después, cuando César Duarte era diputado local y presidente de la Mesa Directiva, le solicité le diera continuidad al juicio promovido en contra del exgobernador priista.

No estaría de más, aprovechando la “feroz persecución” que promueve Javier Corral -a la que alude el magistrado Villegas- pedirle a la actual presidenta de la Comisión de Justicia (la misma diputada panista denunciada por Luis) darle continuidad al empolvado juicio político en contra de Patricio. 

 

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