Perversion judicial PDF Imprimir E-mail
Opinión - Columnas
Escrito por Francisco Flores Legarda   
Miércoles, 12 de Abril de 2017 08:03

Francisco Flores Legarda.

“Quizá te suene su nombre o quizá no, pero antes de deleitarte con algunas de sus mejores frases, voy a hacerte una breve presentación y síntesis de quién es este hombre.” Jodorowsky

Un tema incómodo para el poder judicial en México es hablar de su propia corrupción. México es uno de los países con mayor percepción de corrupción en su sistema judicial. En diferentes mediciones internacionales (Transparencia Internacional, World Economic Forum, ONU), el sistema judicial mexicano ocupa lugares para dar vergüenza. No hablo sólo del poder judicial federal sino de todos los poderes de los Estados de la República y del Distrito Federal.

En un sistema judicial corrupto los ciudadanos no tienen derecho a un acceso igualitario a la justicia, este derecho humano básico les es negado. Las leyes que deben aplicarse a todos por igual, se aplican atendiendo a otros criterios como el nivel económico de las partes o su estatus político o social. En los sistemas judiciales corruptos los ciudadanos más ricos y bien conectados triunfan sobre los ciudadanos ordinarios, también prevalecen las empresas poderosas, algunos sindicatos y los órganos de gobierno.

La corrupción consiste en una serie de actos como el soborno, la extorsión, la compra de votos, el abuso de poder, el abuso de confianza, la malversación de fondos públicos o el conflicto de intereses, entre otros. Un acto corrupto está asociado a una expectativa de obtener un beneficio (no necesariamente económico) que no es merecido o debido, como una decisión judicial favorable a la que no se tiene derecho, impunidad o la imposición de sanciones mínimas cuando tendrían que ser mayores. Los jueces o funcionarios judiciales que realizan actos de corrupción están violando un deber que tiene por el cargo que ocupan, un deber posicional.

Sin embargo, más allá de analizar las modalidades de los actos de corrupción que pueden presentarse en un sistema judicial, habría que preguntarse sobre la raíz de tales patrones de comportamiento o sobre los problemas estructurales de las instituciones, problemas que las hacen ser instituciones débiles y fáciles de corromper. El factor que más preocupa a los expertos en el mundo respecto de los casos de corrupción judicial es la falta de independencia de los jueces y del aparato de justicia.

Los sistemas judiciales carecen de autonomía e independencia cuando (legal o extralegalmente) otros poderes públicos, como el Ejecutivo o el legislativo, u otros poderes fácticos (normalmente económicos o delincuenciales), ejercen un control significativo sobre ellos, ya sea interfiriendo en los nombramientos y remoción de los jueces (magistrados o ministros), ya sea controlando su presupuesto, o controlando sus decisiones.

Cuando el Ejecutivo u otro poder ajeno tienen la posibilidad (legal o no) de promover carreras judiciales, de elevar a los niveles más altos de la administración de justicia a personas que le resultan cómodas o convenientes para sus intereses; cuando esto ocurre de la mano de procedimientos poco transparentes que terminan por promover a personas sin méritos adecuados, la independencia del sistema y su autonomía disminuye y se vulnera.

Los procesos de remoción de jueces y funcionarios judiciales deberían basarse investigaciones rigurosas y limpias, no en revanchas o represalias contra quienes son voces críticas, ni cuando se está por tomar una decisión particularmente importante que resulta contraria a los intereses de grupos o gente poderosa. Igualmente, el nombramiento de jueces y funcionarios judiciales, como los miembros del consejo de la judicatura, deberían ser procesos transparentes donde los méritos (experiencia, formación, honestidad, entre otros) de los competidores sean el único criterio de decisión.

Este tipo de problemas estructurales afectan de manera grave todos los aparatos de administración de justicia del país; en mayor o menor medida, el presidente, los gobernadores, los partidos, grupos de poder económico, cárteles, sindicatos, comprometen la independencia judicial. En un ambiente así, la corrupción de algunos jueces que se dejan sobornar o de otros que extorsionan es anecdótica, pues, la corrupción más grave está en otro lado a donde no miramos.

Quizá por esta razón, muchos juzgadores honestos piensan que la percepción negativa está altamente distorsionada por los medios, creen que en promedio son pocos los jueces corruptos. Pero esta idea es compatible con que la estructura de los órganos judiciales sea corrupta. Y lo es porque no hemos logrado niveles aceptables de independencia y autonomía que genere confianza y prácticas sanas que verdaderamente reflejen el respeto debido por el derecho de acceso igual a la justicia. Falta mucho por hacer en torno a esto, mientras tanto la percepción ciudadana seguirá reflejando la desconfianza generalizada que existe.

Salud y larga vida y luchar para vivir. @profesor_F

 

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