Propuestas para la reforma electoral PDF Imprimir E-mail
Opinión - Devenir
Escrito por Benito Abraham Orozco Andrade   
Sábado, 17 de Junio de 2017 12:35

Benito Abraham Orozco Andrade.

“Una reforma electoral que no atienda a los verdaderos intereses de la sociedad, indefectiblemente resultará anacrónica y desairada.”B.A.O.A.

Nuevamente surgen diversas voces pretendiendo realizar cambios a la legislación electoral, tanto en el ámbito estatal como nacional, pero de manera más formal en el primero de ellos, ya que el Congreso del Estado de Chihuahua se encuentra efectuando foros de consulta -¿popular?- sobre el particular, con miras a una reforma.

Desconozco los términos en que se están realizando tales eventos, pues ingresé a la página de internet del mencionado órgano colegiado y hasta donde pude observar, no se encuentra información al respecto, como lo es: quiénes pueden participar; lugar y fecha de celebración; temas específicos, en su caso; requisitos y forma de inscripción; etc. Salvo que esté equivocado y sí haya habido una amplia difusión para que el público en general participara en los foros, sería lamentable que la reforma sea sólo producto de acuerdos cupulares, soslayando el INTERÉS SUPREMO de la sociedad.

Por lo pronto, me permitiré formular diversas propuestas para reformar la legislación electoral (en su mayoría expuestas en artículos anteriores por quien esto escribe), con la aclaración de que si bien algunas de ellas no se encuentran estrictamente en el ámbito estatal, igual pudieran ser tomadas en cuenta por el Congreso del Estado en el ejercicio de su facultad para presentar iniciativas en el ámbito federal.

BLINDAR A QUIEN DENUNCIE IRREGULARIDADES cometidas en un proceso electoral -sobre todo si trabaja en el servicio público-, creando los mecanismos y órganos que le garanticen que no se verá perjudicado en su trabajo en virtud de dicha denuncia. En el proceso electoral local pasado, quedaron muchas acusaciones sólo en notas periodísticas, sin que se hayan formalizado ante las autoridades respectivas.

IMPLEMENTAR LA URNA Y EL VOTO ELECTRÓNICO -en la próxima elección que sea posible-, con lo que además de obtenerse un gran ahorro de recursos (capacitación a menos funcionarios de casilla y en menor tiempo; eliminación de toneladas de papel para las boletas y actas electorales; renta y/o adecuación de bodegas; paquetes electorales menos pesados; escrutinio y  cómputo en las casillas y consejos electorales más confiables y casi inmediatos, etc.), también se evitarían los conflictos postelectorales y la apatía ciudadana para participar como funcionario de casilla por largas horas y cargando pesados documentos y materiales. La experiencia de múltiples países nos demuestra que la modalidad electrónica es confiable.

GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LAS CANDIDATURAS, a efecto de que cualquier militante pueda ser postulado a algún cargo de elección popular, además de que se establezcan limitantes para que no sean unos cuantos quienes repetidamente disfruten de tales postulaciones, evitando, por otra parte, las llamadas candidaturas de unidad. Es desde la selección de los candidatos donde comienza el proceso de lo que se supone debe ser una auténtica representación popular. No es cualquier cosa.

RECONSIDERAR EL ALTO NÚMERO DE LEGISLADORES Y DE REGIDORES PLURINOMINALES, evitando que privilegiadamente accedan por esa vía los “notables” de cada partido político o sus familiares.

MÍNIMO E IGUAL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS -más allá de la propuesta del diputado jalisciense Kumamoto-, que únicamente garantice su operación básica, con la finalidad de que ellos mismos consigan los recursos necesarios para que realicen sus actividades ordinarias y las de campaña electoral. Lo anterior, sin que implique la ausencia de un efectivo sistema de fiscalización de dichos recursos que sancione cualquier irregularidad de manera severa, independientemente de que se trate de recursos distintos al financiamiento público. Nada justifica que un partido tenga más apoyo del erario que otro, ya que precisamente eso ofrece ventaja a unos sobre otros.

DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES QUE NO DEJE LUGAR A DUDAS EN CUANTO A SU DESEMPEÑO (ya sean nacionales, estatales, distritales o municipales), mediante un proceso de selección que evite cualquier sospecha de ligas o sometimiento a partido político o interés alguno distinto a lo que le es permitido y/o exigido por la ley. Dicha selección pudiera hacerse a través de una convocatoria pública que reclute a quienes reúnan el perfil adecuado, y de entre ellos insacular a quienes resulten ganadores. Si ese sorteo final se efectúa con 50, 100, 200 o con el número de personas que efectivamente cuenten con el perfil requerido, entonces qué problema debe haber para que se designe al azar a dichos funcionarios, si se supone que éstos deben tener una actuación apegada a los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y máxima publicidad.

QUE LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA NO HAGA EL TRABAJO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, pues le distrae gravemente de su actividad principal que es la organización de las elecciones, además de que le provoca serios conflictos con los partidos políticos cuando estos son sancionados, afectando el papel de dicha autoridad como árbitro de la elección.

TELEVISORAS Y RADIODIFUSORAS EXCLUSIVAS PARA TRANSMITIR LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, evitando así que quien no quiera escucharlos, se exponga a enterarse de manifestaciones (guerra sucia) que nada tengan que ver con la disposición legal de que “tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado”.

Una reforma electoral involucra múltiples tópicos que difícilmente pudieran abordarse en una colaboración como la presente, sin embargo, creo que está en el ánimo de todos que la reforma que en su caso resulte, refleje los legítimos intereses de quienes se supone somos representados por las y los diputados locales.

 

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