Necesario regular la guerra sucia y las propuestas de campaña PDF Imprimir E-mail
Opinión - Columnas
Escrito por Benito Abraham Orozco Andrade   
Sábado, 08 de Julio de 2017 12:03

Benito Abraham Orozco Andrade.

Dos aspectos que indiscutiblemente influyen sobremanera en el ánimo del elector a la hora de votar, son los señalamientos negativos (ciertos o no) que se formulan hacia un candidato, su partido político postulante, sus familiares, etc., así como las promesas que se hacen durante las campañas electorales (independientemente de que sean o no sinceras y viables). En ambos casos, lamentablemente no existe una regulación legal efectiva que oportunamente impida un actuar irresponsable de los diferentes actores político-electorales.

Cierto es que la Constitución Federal y las leyes establecen, de una u otra forma, los términos en que deben realizarse las campañas electorales, destacando principalmente aspectos de tipo propositivo y que no afecten la vida privada de los candidatos, autoridades, terceros, instituciones, entre otros; sin embargo, hay quienes prefieren exponerse a ser sancionados después de días o semanas de haber emprendido una “guerra sucia”, pues en muchas ocasiones hacerlo les resulta sumamente redituable hablando de la obtención de votos, incluso logrando el triunfo en la elección. Llegan al grado cínico de sopesar el costo-beneficio de implementar una campaña negativa.

Lo más delicado de la presencia de esa “guerra sucia” es la percepción errónea que pudieran tener los electores, ya que ante la falta de recursos personales para captar simpatías, en múltiples ocasiones se recurre a la calumnia y a la difamación en contra del oponente, impidiendo con ello la emisión de un voto sustentado en información apegada a la realidad. Aún más grave resulta  que el tramposo llegue a ganar la elección, lo que no resulta un buen augurio cuando lo que se busca es un desempeño honesto del ganador, obviamente en favor de los electores y de la sociedad toda, que paradójicamente ya han sido engañados por ese sujeto.

Por lo anterior, es de suma relevancia la regulación de las campañas negativas o guerra sucia, principalmente en lo que se refiere a señalamientos que nada tienen que ver con la realidad, o aquellos en los que se atribuyen conductas ilícitas sin estar comprobadas o declaradas así por una autoridad competente, ya que estas acciones pueden provocar un daño irreversible en algún candidato y/o partido político, pero ante todo a la sociedad.

La regulación que se sugiere no sería invasiva de los derechos de réplica o de la libertad de expresión, sino más bien pudiera ser complementaria y sobre todo fortalecedora de la legislación electoral actual, contribuyendo a una participación responsable en los procesos electorales y evitando exponer ante los electores infundios que le impidan o dificulten emitir un voto razonado. No hay que olvidar que legislación electoral considera que, tanto la propaganda electoral, como las actividades de campaña, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

En cuanto a las propuestas o promesas de campaña, definitivamente lo deseable sería su cumplimiento cuando se relacionen con el beneficio social. No obstante su incumplimiento ha sido muy recurrente en nuestro país desde hace décadas -¿siempre?

Pudiéramos especular sobre los diversos motivos que ocasionan tal incumplimiento, y seguramente se coincidirá en que principalmente es por la falta de seriedad a la hora hacer sus promesas, ya sea porque desde ese momento no se tiene la intención cumplirlas (se está mintiendo) o porque previamente no se investigó sobre la posibilidad de realizarlas.

No es lo mismo que un candidato a gobernador ofrezca y asegure que en caso de ganar, los juicios del orden penal serán más ágiles y transparentes, a  señalar que hará las gestiones necesarias para ello, ya que es competencia del Poder Judicial. Igualmente, sería incorrecto que un candidato a diputado prometa que abatirá la comisión de delitos del orden común, cuando ésta es una labor del Poder Ejecutivo. También se pudiera mencionar el supuesto de un candidato a presidente municipal que ofrezca la prohibición de perforar más pozos para preservar los mantos acuíferos, siendo que dicha función compete a la federación.

Asimismo, vemos cómo hay candidatos que van haciendo promesas a diestra y siniestra en una u otra región o municipio, sin importar su costo y la viabilidad presupuestal para su ejecución, pues si nos pusiéramos a analizarlas en su conjunto, seguramente advertiríamos serias complicaciones para realizarlas, incluso tratándose únicamente de alguna de ellas. No hay que olvidar que el presupuesto federal, estatal y municipal tiene su límite, y los candidatos tienen como referencia del mismo el autorizado en las gestiones sexenales o trianuales que están por concluir (o sea que si tienen elementos para hacer ofrecimientos responsables y, sobre todo, de un obligado y merecido respeto hacia el elector).

El registrar ante un notario público las promesas de campaña no tiene efecto jurídico alguno, e igual puede llegarse a asumir el cargo obtenido y hacer todo lo contrario a lo ofrecido, sin que pueda hacerse algo ante esa desvergonzada burla hacia sus “representados”. Debe exigirse legalmente que los candidatos formulen propuestas serias y viables, y que en el ejercicio de su encargo las cumplan, justificando amplia y válidamente cuando no sea así, pues en caso contrario se llegaría hasta la revocación del mandato popular, según la gravedad del caso.

PARA SU ELECCIÓN, LA SOCIEDAD GENERALMENTE SE BASA EN SU IMAGEN Y EN SUS PROMESAS, por lo que justo y necesario es que se realice la regulación propuesta, pues de esa forma también pudieran inhibirse en cierta medida los gobiernos corruptos e ineficientes que seguimos teniendo a lo largo y ancho del país.

¿EXISTE VOLUNTAD POLÍTICA PARA LEGISLAR EN FAVOR DE LA SOCIEDAD?

 

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