La venganza del gobierno federal PDF Imprimir E-mail
Opinión - Aída María Holguín Baeza
Escrito por Aída María Holguín Baeza   
Martes, 09 de Enero de 2018 05:39

Aída María Holguín Baeza.

Este lunes pasado, durante una conferencia de prensa, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dio a conocer un acto del gobierno federal que no puede ser catalogado de otra forma que no sea como una venganza.

Se trata de una burda represalia que intenta estrangular económicamente al gobierno de Chihuahua con el evidente fin de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones. Es una venganza indudablemente motivada por la más reciente acción que la Fiscalía General del Estado ha concretado en el marco de la denominada “Operación Justicia para Chihuahua”. O sea, a raíz de la detención, vinculación a proceso y la prisión preventiva dictada en contra del ex-secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, imputado por el delito de peculado agravado por su presunta participación en la desviación de -al menos- 250 mdp del erario de Chihuahua para financiar campañas electorales del PRI en 2016.

La evidente venganza se materializó al momento de concluir el año 2017. Es decir, luego de que, de los 800 millones de pesos (del Ramo 23) que, a través de cuatro convenios suscritos el pasado 14 de diciembre, la SCHP se comprometió a trasferir al gobierno de Chihuahua antes de concluir el Ejercicio Fiscal 2017, no transfiriera 780 mdp (únicamente trasfirió 20.4 mdp del convenio correspondiente al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, también conocido como “FORTALECE”).

La evidencia de que este acto del gobierno federal se constituye en una venganza, está en el hecho de que cualquiera de los dos argumentos (la disponibilidad financiera y la baja recaudación) que la SHCP utilizó en distintos momentos para justificar la no trasferencia de los recursos acordados, solo aplicaron para el caso de Chihuahua.

Si bien es cierto que, en respuesta a las declaraciones hechas por el gobernador de Chihuahua, la SHCP emitió un comunicado en el que asegura que la programación, presupuestación y ejecución del gasto público se realiza en estricto apego al principio de imparcialidad previsto en el Artículo 134 Constitucional, poniendo como ejemplo que la trasferencia de recursos para el estado de Chihuahua superó lo presupuestado para el 2017; también es cierto que dicho comunicado solo hace referencia a recursos del Ramo 28 y del Ramo 33, omitiendo mencionar el Ramo 23 (ramo al que corresponden los 780 millones de pesos que no transfirieron al gobierno de Chihuahua).

Con todo expuesto en los párrafos anteriores, no queda ninguna duda de que la actuación de la SHCP se constituye en una represalia político-partidista motivada por los contundentes resultados de la “Operación Justicia para Chihuahua”, mismos que demuestran que Javier Corral está cumpliendo con su promesa de “ir por toda la red de corrupción política que se tejió durante la administración de César Horacio Duarte Jáquez”. Una red de corrupción que, como ahora ya se sabe, involucra no solo a personajes del ámbito local, sino también de la esfera nacional, como es el caso de Alejandro Gutiérrez.

Antes de finalizar, es necesario señalar que, aunque esta venganza del gobierno federal está dedicada a Javier Corral y su gobierno, el agravio es, en realidad, en contra de odos los chihuahuenses que, desde hace mucho tiempo, deseamos que en Chihuahua prevalezca la justicia, y no la impunidad.

Concluyo en esta ocasión citando lo dicho alguna vez por el filósofo griego, Epicuro: “La justicia es la venganza del hombre social, como la venganza es la justicia del hombre salvaje”.

Aída María Holguín Baeza Correo electrónico: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

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