Perfil humano. La torcida justicia federal PDF Imprimir E-mail
Opinión - Devenir
Escrito por Eduardo Fernández   
Domingo, 07 de Octubre de 2018 18:25

 

Eduardo Fernández.

 

La anunciada liberación de Alejandro Gutiérrez “La Coneja” se llevó a cabo la semana pasada después de estar recluido en el Cereso estatal desde diciembre del 2017.

 

Acusado por el desvío ilegal de 250 millones de pesos que deberían ser destinados para programas específicos en Chihuahua, “La Coneja” participó como uno de los principales operadores (cuando ocupó la secretaría general adjunta del CEN del PRI) en una red que destinó recursos públicos de diversos estados a las campañas priistas.

 

En estas operaciones delictuosas podrían estar implicados personajes como Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones e incluso su jefe por lo que desde su detención Gutiérrez recibió un tratamiento especial por parte de los encargados de la justicia federal.

 

Primero el juez federal Gerardo Moreno se empecinó en trasladarlo al reclusorio norte de la Ciudad de México para ser procesado. Removido a Chiapas, su lugar lo ocupó Marco Antonio Fuerte, quien también hizo todo lo posible para que La Coneja no estuviera en manos de la justicia chihuahuense.

 

Los intentos fallidos de trasladarlo al penal capitalino fueron aparatosos al grado de que las policías locales tuvieron que rodear los juzgados y el penal chihuahuense para impedir que los agentes federales se lo llevaran a la Ciudad de México.

 

La Coneja ahora goza de libertad pero tiene que utilizar un grillete electrónico ya que tiene que responder por otra denuncia en su contra por el desvío de 1.7 millones de pesos de recursos estatales a dos de sus empresas. Sin embargo ya está libre de los cargos que le imputaba la PGR.

 

El mismo juez que intentó trasladar a La Coneja, o sea Fuerte, es quien acaba de sentenciar al ex gobernador de Veracruz a solo 9 años de prisión y una ridícula multa de 58 mil pesos cuando está acusado por peculado agravado de decenas de miles de millones de pesos, además de otros crímenes que tendría que responder ante la justicia veracruzana.

 

La dudosa actuación jurídica de la PGR y de os jueces federales citados muestra la torcida forma de impartir justicia por parte de los funcionarios federales. Una muestra más es la liberación de la profesora Elba Esther Gordillo, la cual estaba detenida por haber utilizado en su beneficio personal casi dos mil millones de pesos de los fondos del SNTE.

 

El actual sexenio cierra no solo bajo el estigma de la corrupción sino también de la generosa impunidad para quienes operaron ilegalmente y ahora son exonerados o se les reduce significativamente sus condenas.

 

El estado de derecho al parecer continúa siendo solo un ideal más en nuestro país por lo que se requiere una depuración a fondo del poder judicial, así como una fiscalía federal autónoma y eficiente como existe en otros países latinoamericanos.

 

La tarea del próximo gobierno federal es no tanto promover el perdón y el olvido sino realizar las reformas necesarias para que se aplique la justicia en una nación donde los crímenes lesionan seriamente el tejido social sin que nadie resarza a las víctimas y menos meta a la cárcel a los responsables.

 

Claro que la limpieza por la casa empieza por lo que debería aplicarse la ley primero a los corruptos funcionarios públicos que se robaron decenas si no es que cientos de miles de millones de pesos del erario público, como ya lo han demostrado fehacientemente la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías de los estados de la república.

 

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