Militares como policías: historia que duele en Chihuahua PDF Imprimir E-mail
Opinión - Jaime García Chávez
Escrito por Jaime García Chávez   
Jueves, 17 de Enero de 2019 14:33

Jaime García Chávez.

Debatir sobre la pertinencia de implantar la Guardia Nacional en la versión que pretende Andrés Manuel López Obrador –en un sentido totalmente contrario a esta vieja institución en el constitucionalismo mexicano– no es un ejercicio teórico, cargado de abstracciones, sin historia. Al contrario, para entrar de lleno al tema, la presencia y actuación del Ejército en tareas del orden civil tiene referentes concretos, historias dramáticas en todo el país, como se sabe. Aquí en Chihuahua no estamos fuera de toda esa tragedia y no debemos perder de vista esos precedentes a la hora de que se tome esa decisión de trascendencia nacional, aún cuando el gobierno federal procure calmar las aguas del rechazo afirmando que el mando recaerá en el orden civil.

 

En las últimas décadas localmente hemos visto el comportamiento del Ejército en muy variadas circunstancias y siempre con signos de exceso y brutalidad. En las luchas sociales de la última parte del siglo XX se registran hechos muy significativos que merecen un reproche categórico: durante la persecución exterminatoria de la guerrilla urbana en territorio chihuahuense, dejó saldos que a mi juicio aún están por documentarse y no dejan a los militares en buen sitio. 

 

Durante la “guerra” contra el narcotráfico decretada por Calderón, de nuevo vimos y fuimos testigos del abuso que se presenta cuando el Ejército asume tareas de policía que corresponden al brazo civil del Estado. A partir de 2008, en los tiempos del gobierno de José Reyes Baeza, de su fiscal Patricia González y de la Comandancia de la Quinta Zona Militar y jefatura de la “Operación Conjunta Chihuahua”, a cargo de Felipe de Jesús Espitia (hoy militar impune y en retiro), se llegó a extremos que, tomados como precedentes, dejan sin sustento la propuesta de instaurar la Guardia Nacional en los términos que se propone por el gobierno federal actual, con mando militar en la cúspide, y desnaturalizando la institución conocida bajo esa denominación, en apego a las raíces históricas y constitucionales de la misma. 

 

Pero no sólo eso, la sucia actuación del Ejército no quedó en el olvido, como otros sucesos del acontecer chihuahuense. Dos sonados casos así lo ilustran y deben ser tomados en cuenta para advertir de los esenciales porqués que se tienen para oponerse al proyecto, en esta sensible materia, de Andrés Manuel López Obrador y la mayoría de sus congresistas, que están en aprietos para lograr la calificación numérica para tomar la decisión. Se trata de dos casos tan importantes que merecieron el conocimiento puntual y de reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); escribo de las causas “Trueba Arciniega y otros vs México” y “Alvarado Espinoza y otros vs México”. Esto se refiere a hechos acontecidos en territorio chihuahuense, el primero en la zona de Baborigame, y el segundo en el Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. 

 

La narración de ambos casos y las líneas que marca la CIDH, hay que tenerlas en cuenta por convertirse en fundamentales para dar un debate siempre pendiente de la realidad, para no ir a repetir actos tan dolorosos y lesivos a los derechos humanos, de las víctimas directamente, claro está, pero a final de cuentas de todos, y en particular, como suele suceder, de los más vulnerables. Iniciemos con el resumen del caso “Trueba Arciniega”:

 

La Corte constató que el 22 de agosto de 1998 el señor Trueba Arciniega se encontraba en un vehículo junto con su hermano Vidal Trueba Arciniega y un amigo. El vehículo circulaba por la calle principal de Baborigame cuando un carro militar se acercó y pidió que se detuvieran. Tras detenerse, Mirey Trueba bajó de él y corrió por detrás del auto. Ante esta reacción, un agente militar disparó en diez o doce ocasiones hiriendo a Trueba Arciniega, quien falleció durante su traslado a la clínica. En cuanto al caso “Espinoza y otros”, se trata de desapariciones forzadas ocurridas en el Ejido Benito Juárez el 29 de diciembre de 2009 y fueron realizadas por agentes estatales y militares.

 

Ambos hechos hablan por sí mismos. De ahí sendas resoluciones de la CIDH. En el primero de los casos ésta encontró al Estado mexicano responsable por violar los derechos a la vida e integridad personal en perjuicio de Trueba Arciniega y por la violación a los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal en perjuicio de sus familiares. En el segundo también encontró al Estado responsable por la falta de debida diligencia y plazo razonable en las investigaciones de los hechos. Asimismo, encontró que el Estado violó su deber de garantía respecto de los familiares que se vieron obligados a desplazarse, sufrieron amenazas y hostigamientos.

 

A los fines de este texto, me apoyo en que la CIDH constató que el incremento en la participación del Ejército en las labores de seguridad ciudadana ha sido un patrón constante en México desde el 2006 y que “en dicho escenario, el empleo de las fuerzas castrenses en la lucha contra la delincuencia se convirtió en una práctica recurrente mediante la implementación de los denominados ‘Operativos Conjuntos’, en cuya intervención concurrían efectivos policiales y militares”.

 

En este marco, es lógico entender que la intervención de las fuerzas armadas está bajo fuerte cuestionamiento, no nada más en las voces de representantes de organismos internacionales vinculados a la protección de los derechos humanos, sino por infinidad de organizaciones de la sociedad civil que han dado puntual seguimiento a estos temas en nuestro país y que también han sufrido la persecución y el hostigamiento castrense. Hay vidas de derechohumanistas que han sido cegadas, incluso en nuestro propio territorio chihuahuense, y no debemos olvidarlo.

 

En ese sentido, es un imperativo tomar en cuenta las taxativas que en circunstancias extremas, y por razones netamente extraordinarias, se proponen y le ponen esas visiones derechohumanistas a la pretensión de crear una Guardia Nacional como ropaje de una militarización de la seguridad pública y el combate al crimen organizado, que ya se demostró es inviable como solución al ingente problema que lacera al país. Más fuerte todavía cuando está fresca la adversa resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó totalmente la Ley de Seguridad Interior del peñanietismo, que buscó ser el barniz para ocultar el gran fracaso de la injerencia de los militares en tareas que no le corresponden y pretendiendo una legalidad de apariencias que le habrían dado carta abierta a los militares para ocuparse de cosas que no están dentro de sus facultades. 

 

Al respecto, no es un ejercicio histórico examinar el tema de las fuerzas armadas en una tradición constitucionalista que fraguó en nuestras dos más importantes constituciones, la de 1857 y 1917. Se trata de una historia compleja con un solo punto de claridad: el Ejército a lo suyo y lejos del poder. En otras palabras, que no se permita hacerlos tan independientes que después se quieran hacer cargo de todo. Eso es lo que se juega. Quienes pagan son los que sufren el abuso y, al final, todos.

 

La oposición a la Guardia Nacional lopezobradorista se está nutriendo de una gran cantidad de aportes valiosos, tanto de ciudadanos sencillos como de organizaciones civiles, de instituciones estatales y municipales, en fin, un gran haz de voces y posicionamientos que están resistiendo. Por ejemplo, en la escala regional, los recientes pronunciamientos del gobernador Corral son congruentes con las historias narradas, y en el seno mismo de MORENA no hay la unanimidad supuesta. Distingo como plausible la actitud de la diputada Tatiana Clouthier, en especial adversaria del mando militar de la Guardia Nacional propuesta. A contrapelo de esto, es lamentable ver cómo algunos izquierdistas del pasado, que sufrieron en serio la injerencia de los militares en asuntos políticos, padecen interesada amnesia.

 

Siempre he pugnado por ubicar estrictamente a las fuerzas armadas a su actual papel constitucional. Descreo de esas supuestas encuestas que colocan al Ejército entre las instituciones queridas por la sociedad, y mucho más de los discursos de los políticos que engolan la voz para quemarles incienso en sus altares. Pero eso es lo de menos, lo de más es que a México no le viene bien la militarización, ni con los nuevos ropajes que se le quieren confeccionar, más cuando sin ley ya se ha puesto manos a la obra.

 

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