La Columna de Jaramillo PDF Imprimir E-mail
Opinión - Devenir
Escrito por Carlos Jaramillo Vela   
Sábado, 27 de Abril de 2019 19:40

Carlos Jaramillo Vela.

 

Alza a las gasolinas: foco rojo para la economía mexicana. Reforma laboral: un nuevo y necesario paradigma.

 

Sin duda, el precio de los combustibles es un factor de significativa importancia en la espiral inflacionaria, pues todas las actividades económicas –primarias, secundarias y terciarias-, y por ende, la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, se hallan directamente influenciadas por los costos de los energéticos, en este caso los combustibles. De tal manera que el aumento de las gasolinas y demás productos similares repercute directamente en el incremento de precios de todos los demás bienes y servicios de la cadena productiva.

 

Viene a colación tal tema en virtud del reciente desencuentro que se ha generado entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los distribuidores de combustibles a raíz del alza en los precios de tales insumos, los cuales, según estimaciones publicadas, se han incrementado en un 12.9 % en el actual sexenio, es decir, desde el primero de diciembre a la fecha. En tan candente asunto el titular del Poder Ejecutivo ha culpado de dicha alza a los empresarios gasolineros por no respetar los precios, mientras que estos atribuyen el problema a los errores de PEMEX en cuanto a logística, almacenaje y distribución de estos imprescindibles insumos.

 

Sea cual sea la causa y culpa del problema, tanto el gobierno como la iniciativa privada deben actuar para evitar el desbocamiento de los precios, pues de continuar una carrera alcista en el costo de las gasolinas, se estaría amenazando el control inflacionario y la estabilidad económica del país, poniendo así en riesgo la macroeconomía nacional, y por consecuencia las condiciones económicas de todos los mexicanos.

 

La anunciada reforma laboral promete ser una modificación que elimine en modo sensible las deficiencias funcionales que hoy presentan los tribunales laborales del país. Actualmente es común enfrentar serios retrasos y graves omisiones en la tramitación de los juicios laborales, ocasionados, los primeros, tanto por la escases de recursos materiales, financieros y humanos, como por la obsolescencia de ciertas normas procesales, y las segundas, por la impreparación profesional o la discrecionalidad con la que suelen actuar algunos presidentes y secretarios de acuerdos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

 

Los efectos de las precarias condiciones materiales y humanas bajo las cuales operan las Juntas de Conciliación y Arbitraje (federales y locales, sin excepción) suelen ser demoledores para los litigantes y actores en los juicios, pues resoluciones de mero trámite que deberían dictarse dentro de un lapso de 48 horas (tiempo legal -artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo-) llegan a tardar 6 semanas o un tiempo mayor; y las excusas que en estos casos dan los funcionarios y empleados son “falta de personal”, “sobrecarga de trabajo”. Sobre la dilatada emisión de laudos no hace falta dar muchas explicaciones, solo basta decir que pese a que éstos deberían dictarse a más tardar 6 y media semanas después del cierre de instrucción (conclusión del proceso), llegan a emitirse con dos y medio, tres o cuatro años de retraso. En el aspecto del desempeño ético y profesional de algunos funcionarios, las cosas tampoco suelen marchar del todo bien, pues ocurren casos de rechazos ilegales (e inconstitucionales) de promociones de ofrecimiento de pruebas, o de realización de diligencias para ejecución de laudos, en franca contravención a los artículos 776 y 940 de la ley laboral en cita así como a una diversidad de preceptos de carácter constitucional y convencional (tratados internacionales).

 

Frente a tal inoperancia institucional, los abogados han encontrado en el juicio de amparo el recurso más eficaz para constreñir a los órganos jurisdiccionales laborales a actuar con apego los principios de legalidad, prontitud, no discriminación y respeto a los derechos humanos de las partes litigantes, sin embargo, este no es el escenario ideal, ya que lo deseable es contar con un sistema de impartición de justicia laboral eficaz, al cual no haya que estarle enmendando la plana una y otra vez a base de demandas de amparo. Dicho entorno ideal solo será alcanzado una vez que los tribunales laborales pasen a formar parte del poder judicial (de la federación o de los estados) para dejar de ser órganos administrativos dependientes de los poderes ejecutivos federal y estatales. Solo mediante su inserción al poder judicial los tribunales laborales superaran las evidentes limitaciones económicas y humanas que hoy afectan de manera sensible su funcionalidad; por ello, la reforma laboral constituye un paradigma no solo innovador, sino necesario.

 

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