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Opinión - Columnas
Escrito por Carlos Jaramillo Vela   
Lunes, 01 de Abril de 2019 08:38

Carlos Jaramillo Vela.

 

Consejo de la Judicatura: frente a un grave cisma.

 

Los recientes cuestionamientos hechos por Joaquín Sotelo Mesta, miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, respecto a las supuestas irregularidades cometidas por dicho órgano de control durante el proceso de selección y nombramiento de 57 jueces y 7 magistrados, en el año 2018, representan una a amenaza para la imagen de fortaleza y credibilidad con las que se ha pretendido blindar al referido ente público. Independientemente de la falta de cohesión interna en el Consejo de la Judicatura, evidenciada por el reclamo y la información dados a conocer por Sotelo Mesta en forma pública y mediática, el conflicto deja entrever otras lecturas o hipótesis, las cuales, en caso de ser ciertas las acusaciones del Consejero, permitirían advertir que las repercusiones del controvertido caso podrían ser de mayor profundidad y trascendencia política y jurídica.

 

Una de tales consecuencias podría ser la eventual insubordinación que al interior del PAN se estaría dando de facto, pues al ser Sotelo Mesta –como presumiblemente lo es- un reconocido militante panista cuyo arribo a la consejería derivó del impulso otorgado –realmente- a su favor por el titular del Poder Ejecutivo, y operado –formalmente- desde el Congreso del Estado, la actual postura del citado consejero se interpretaría como un desafío de éste y del grupo político al que pertenece, al liderazgo moral del panismo chihuahuense, es decir, una abierta ruptura con el Gobernador del Estado.

 

La otra secuela de la acusación y suspicacias que sobre la sonada designación de jueces y magistrados Sotelo ha levantado sería, sin duda, de naturaleza jurídica, pues si las investigaciones revelaran la existencia de actos irregulares e ilícitos ocurridos durante el proceso de selección y designación de tales funcionarios judiciales, quedaría en evidencia la comisión de delitos contra el servicio público, cuya responsabilidad podría atribuirse tanto a los beneficiarios de los codiciados nombramientos jurisdiccionales como a los servidores públicos involucrados en la operación del proceso. Conforme a lo dispuesto por el Código Penal del Estado de Chihuahua, las sanciones aplicables a quienes resultaran implicados en dichas infracciones consistirían en 1 a 3 años de cárcel, así como en suspensión temporal del empleo público, destitución del mismo, o inhabilitación durante 3 a 15 años para el desempeño de cualquier cargo público.

 

Por su parte, los empresarios locales, a través del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) han solicitado que se investigue el caso para transparentarlo y dar solución al conflicto. Indiscutiblemente, es tal el estruendo causado por las acusaciones de Sotelo Mesta, que el Consejo de la Judicatura se halla hoy ante a un grave cisma.