Proponen expertos Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal Imprimir
Política - General
Escrito por Redacción   
Viernes, 06 de Abril de 2018 13:50

Proponen recuperar el 100% de IVA generado por estados y municipios, así como legalizar y transparentar el Ramo 23.

Recuperar el 100% de IVA generado por estados y municipios, así como legalizar y transparentar el Ramo 23, fueron las propuestas más destacadas por Arturo Fuentes, Mariana Campos, Manuel Guadarrama y Jaime Díaz.

Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda del Estado, participante en el Foro Tercer Encuentro Chihuahua: Hacia un Nuevo Federalismo Tributario, propuso reformar la Ley de Coordinación Fiscal para que el IVA generado por estados y municipios, sea recuperable totalmente.

Precisó que eso no generaría un costo adicional ya que la recaudación ya se hace e incluso es de manera digital y tampoco afecta considerablemente la distribución federal de los recursos, pues es igual al monto aprobado para financiamiento a corto plazo de las entidades.

Como ejemplo, en el caso de Chihuahua, de 847 millones de pesos estimados como recaudación fiscal, si se reintegra el 100 por ciento del IVA, 586 millones de pesos le corresponderían al Estado y 261 millones de pesos a los municipios.

Fuentes Vélez aseguró que esa práctica no descuidaría el ingreso para ninguna entidad, porque se basaría en la recaudación de cada una y además podrían crearse estímulos y beneficios, como el del ISR, para ampliar la formalidad.

Otra opción sería gravar un porcentaje de la adquisición de bienes por el Estado y el Municipio, al igual que mejorar las prácticas fiscales en las compras consolidadas, agregó.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas del IMCO, durante su intervención en el Foro, habló del estudio que hizo y denominó “Arquitectura del Ramo 23”, donde detalla la mala práctica de ese fondo.

Señaló que no está regulado dentro de la Ley de Coordinación Fiscal, carece de reglas de operación claras y por ello se ha usado como “cajón de gastos para múltiples funciones” y todo a criterio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Debido a que la SHCP no está facultada constitucionalmente para ello, se ha perdido la división de poderes y la situación se ha agravado, pues el actual Gobierno de la República ha liberado 318 mil millones de pesos para ello.

La consecuencia es que los recursos no se reparten equitativamente, no se transparentan y no resuelven un problema identificado de política pública, sino que obedecen a una simpatía política entre el partido en el poder de los estados y el de la República, advirtió.

Como ejemplo de las prácticas fiscales idóneas, señaló a Estados Unidos en donde ninguna transferencia se entrega sin estar estipulado en la ley, en lugar de utilizar reglas de operación, además de que se concursan entre los estados que tienen planeada ya una política pública para usarlos.

Ante ello, propuso transparentar el origen y destino de los recursos del Ramo 23, al fortalecer a los congresos federal y estatal, mediante cuadros técnicos que monitoreen las transferencias y evalúen la regla fiscal, además de legalizar el Ramo 23, apuntó.

Manuel Guadarrama Herrera, abogado, investigador y coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, expuso que en los últimos años el federalismo mexicano en lo fiscal y en lo tributario, ha vivido un autoritarismo y una regresión, así como abusos.

Advirtió que la coordinación fiscal no ha generado políticas públicas para el bienestar ciudadano y su reto es terminar con los monopolistas dependientes e independientes que la administran, así como planear y controlar los ingresos, egresos y deuda pública tanto de estados como de municipios.

Jaime Díaz Martínez, analista, contador público certificado en Auditoría Gubernamental y miembro en la Academia Mexicana Auditoría Integral y al Desempeño, observó que en el tema, lo más importante es el compromiso de la administración pública para el control y uso de los recursos públicos que reciben.

También apuntó que los gobiernos de los estados deben transparentar su presupuesto desde el proyecto hasta la calendarización, mientras que la Federación debe fortalecer el control y registro de los fondos, así como crear  órganos de fiscalización para detectar y sancionar los incumplimientos.