Corral sin diagnóstico de seguridad Imprimir
Opinión - Jaime García Chávez
Escrito por Jaime García Chávez   
Martes, 07 de Mayo de 2019 12:54

Jaime García Chávez.

 

Tengo a desgracia nacional que nuestra Constitución de la república vaya siendo tan detallista con sus innumerables reformas, que ya dejó atrás el modelo más acabado de constitucionalismo que se ha experimentado en el mundo. Pero todavía más: es de deplorarse la enorme cantidad de transitorios a esas reformas que contienen sustancia permanente. Pero, al parecer, esto ya cobró carta de ciudadanía entre nosotros, y un ejemplo es la reforma que creó la Guardia Nacional que se dio a conocer en sus contornos en la promulgación datada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de marzo de este año.

 

No pretendo detenerme en todos sus aspectos; sí subrayar que es una ley para experimentar en el actual sexenio y en los confines cronológicos del mismo. Un transitorio habla de cinco años, que se supone son los necesarios para hacer historia y desterrar al crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero y todas las actividades antijurídicas que han ensombrecido al país a lo largo de las dos últimas décadas en las que se perdió la paz, se dañaron innumerables patrimonios, propiedades y posesiones, y hemos alcanzado niveles de homicidio comparables a países con conflictos bélicos contemporáneos.

 

No obstante que lo reseñado en el párrafo anterior es un motivo de preocupación que impele a un esclarecimiento permanente de cara a la opinión pública, me interesa detenerme en dos plazos que la reforma constitucional estableció en artículos transitorios y que en principio, se supone, están corriendo, y que desde mi óptica debieran tener su desenvolvimiento en un diálogo con la sociedad y en una profunda interlocución con la misma, si no queremos que la clase política y la militarización acaben por imponerse en la perspectiva de un fracaso anunciado. 

 

El artículo Séptimo Transitorio establece: “Los ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales (…). Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local enviará anualmente a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años. Los resultados de la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes”.

 

Esto significa, para referirme al caso chihuahuense que ocupa los primeros lugares de ominosa violencia, que Javier Corral, César Peniche y Óscar Alberto Aparicio Avendaño ya han gastado cerca de dos meses en la confección del diagnóstico de lo que tenemos para apuntalar sus propuestas programáticas en esta materia. Si lo están haciendo, es factible conjeturar que hacen la tarea a puerta cerrada e intramuros de la burocracia estatal; lo que está fuera de duda al respecto son dos cosas: los hechos alarmantes y las cifras cimeras que ocupa Chihuahua en esta materia, y la ausencia de las voces ciudadanas en todas las regiones, proporcionando información, propuestas y modos de integración con la ingente tarea de recuperar la paz. 

 

Lo primero que cabe advertir aquí es que estos tres personajes que están en la cima del poder estatal son, sin lugar a dudas, parte del problema, y más de dos años en sus cargos arrojan información deficitaria que muestra la ineptitud con la que se han conducido y los focos rojos y ejemplos que se pueden exhibir a granel a fin de demostrar el fracaso que reportan a estas alturas, como para pensar que en ellos, y sólo en ellos, se centren las tareas de diagnóstico y programa que obliga la Constitución. Hoy, que el gobierno federal ha cuadriculado al país en una gran cantidad de zonas para procesar la violencia, debiera hablarse claro de aquellas que en nuestro estado tienen los focos encendidos desde ya hace varios años, demostrándose que el problema que me ocupa ya se convirtió en endémico, en paralelo a la ineficiencia e incuria de los gobernantes locales para cumplir con su cometido, cuando se lo proponen, que no es lo ordinario.

 

Si actuaran con responsabilidad y seriedad ya habrían abierto mecanismos de consulta, información, estadísticas cuantitativas y cualitativas, creación de bancos de datos en serio, implementación de instrumentos periciales sin más criterio que la ciencia, el diálogo abierto o seguro, según el caso, para que precisamente ese diagnóstico transite hacia la esfera federal y obligue a la definición de acciones tangibles y medibles. Sin ese diálogo de abajo hacia arriba, de la sociedad al poder, con la horizontalidad que implica hablar de tú a tú, y que con el tiempo puede ser base para el reclamo de la incorporación de la sociedad, es difícil que tengamos buenos resultados. Quizás por eso el equipo corralista prefiera hacer la tarea tras bambalinas y no sin un dejo de deseo de que fracase el gobierno de López Obrador. 

 

Y los hechos hablan. No pocos sucesos violentos abonarían a la conclusión a la que estamos llegando, que por sí solos obligarían a construir el diagnóstico en un plano de transversalidad, además. Pero las rutinas del gobierno actual siguen siendo las que desarrollaron en sus tiempos sendos gobiernos del PRI, el de Reyes Baeza Terrazas y el de César Duarte. Expondré sumariamente tres o cuatro hechos. 

En la semana que terminó Corral se reunió con la élite empresarial agazapada en el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (FICOSEC), además apapachada con recursos públicos.

 

En esa reunión, aparte de morderse la lengua, hizo la defensa de lo que no ha funcionado y que es la enajenación de una función del estado en manos de particulares interesados en la competitividad más que en una seguridad ciudadana y de Estado. El panista dijo que “contar con instituciones como FICOSEC favorece a la construcción de un estado más sólido en materia de seguridad y de justicia; el reto es que esta colaboración sea cada vez más enfocada a lo que cada quien tiene que hacer: la sociedad civil con la prevención y la denuncia ciudadana, y la autoridad cumpliendo con sus funciones en la investigación, consignación y procuración de justicia”, y según las crónicas de prensa, “reconoció la visión, la generosidad, el talante de los empresarios de Chihuahua que se organizan y se autoimponen contribuciones, y participan con el gobierno para la solución de problemas que aquejan a la sociedad”, bla, bla, bla. 

 

Corral tuvo el atrevimiento de afirmar que “el empresariado dejó de cuestionar y se unió para participar en las soluciones”, y resaltó la labor de Luis Lara, Arturo Valenzuela, Jorge Contreras Fornelli, y de su subordinada en la Secretaría de Innovación, Alejandra de la Vega en Juárez, así como “a todos los consejeros de FICOSEC que participan en el organismo”. Y, para no variar, criticó a los críticos de ese ente (que él cuestionó como candidato por la obsequiosidad de Lara con Duarte ) al declarar que “la descalificación actual casi generalizada (sic), demuestra con hechos la importante labor que realiza el fideicomiso al incidir en las políticas públicas, en la prevención y en el fortalecimiento de capacidades institucionales”.

 

En la línea de hechos, está de sobra plantear el drama del municipio de Cuauhtémoc, donde todo ha sido absoluto fracaso y sangre, y no se avizoran tiempos mejores mientras sigan en vencidas dos orgullos: el de un cosmopolita contra un ranchero comerciante en engomados. En Chihuahua se quiere vender el proyecto de iluminación con el de seguridad sin un sustento coherente; se invierte en cámaras, se compran “black mambas”, se crea un “escudo” poroso, pero no sabemos si en el ámbito de competencias están buscando sumarse a la perspectiva constitucional o no, y, en Juárez, cambiando lo que haya que cambiar, tenemos una situación similar. Al hablar de estos tres centros urbanos, prácticamente estamos hablando de la mayor parte de la población del estado. Del resto, pero sobre todo de regiones como Madera, Namiquipa, Gómez Farías, Guadalupe y Calvo o Bocoyna, están tan distantes que la mismísima información cae a cuentagotas o de plano está velada, invisible, pero el drama es enorme.

 

Todos estos temas, aunados al flujo corriente de la droga, la colusión de los aparatos policiacos, es de concluirse que no se quieren tratar con una metodología inclusiva que contribuya a elaborar un diagnóstico que sintamos que es de todos, no nada más del poder. Si de por sí la reforma que creó la Guardia Nacional y la lentitud con la que se mueve el gobierno federal –a ratos no se ve estrategia alguna–, lo peor que nos puede pasar es que Corral opte por un informe netamente burocrático para cubrir el requisito y ejercer una especie de autodefensa de la desvergüenza que en estos momentos reporta su gobierno.

 

Estas líneas se escribieron cuando el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aterrizaba en el infierno que es Ciudad Juárez, lo que merecerá comentario posterior. 

 

Por lo pronto, y si con base en todo lo anterior el gobierno federal dispondrá de un año para informar, creo que llegará con las manos vacías. Por la víspera, los días.