Guardia Nacional acotada por la política Imprimir
Opinión - Devenir
Escrito por Jaime García Chávez   
Domingo, 24 de Febrero de 2019 15:32

Jaime García Chávez.

 

En el Senado de la República se le dio una oportunidad a la política. Sería deseable que dure y no sea, para emplear una frase de Agustín Lara, ‘un leve palpitar de mariposa’. Si hablo de política es porque pienso que hubo, en presencia de un conflicto fuerte, ductilidad y flexibilidad para escuchar a la presidencialmente denostada sociedad civil en un tema tan importante como la seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado en todas sus variedades y la reglamentación de las fuerzas armadas. Son ámbitos sensibles de la vida nacional y tiene sus implicaciones allende las fronteras, pues de ninguna manera se trata de que México esté al margen de un fenómeno con dimensiones planetarias.

 

En las próximas semanas y meses se irán sedimentando las buenas opiniones, los análisis que han marcado esta agenda, y eso permitirá producir visiones que contribuyan de mejor manera a entender este conflicto. En realidad, la reforma constitucional en proceso (faltan las legislaturas estatales, pero son simples estaciones de paso) no era indispensable; sin embargo, el futuro marco constitucional tendrá un referente permanente para ir observando minuciosamente lo que se haga en esta materia; y al respecto, la fecha de caducidad de cinco años se puede convertir en el tiempo suficiente para medir la pertinencia de la modificación introducida al código fundamental del país.

 

Los últimos tres presidentes de la república (Fox, Calderón, Peña Nieto) dieron a las fuerzas armadas un uso fuera de las normas fundamentales del país que debieron marcar el Estado de derecho. Ahora, al menos por cinco años, el presidente López Obrador no va a poder sufrir el reproche de que mete a dichas fuerzas donde no debe conforme a la ley. Todavía más, tendrá en sus manos todos los recursos del Estado dentro de un ciclo preciso para rendir cuentas y entregar, en la materia que me ocupa, cuentas que los últimos ejecutivos emitieron sin resultados; porque en esto hay que insistir que hemos estado como las mulas de noria: dando vueltas y vueltas en el mismo sitio y obviamente sin salir del mismo. 

 

Digo que la reforma no era indispensable, cuenta habida de que las herramientas constitucionales permitían ya hacer las cosas. Pero el debate, a final de cuentas, contribuyó a poner muy en claro que el país rechaza cualquier intento de militarizar la seguridad pública en los términos que el mismo López Obrador propuso en su iniciativa. No habrá, en este contexto, un mando militar sobre la futura Guardia Nacional, y eso nos permite afirmar ahora que el viejo espíritu civilista que viene desde la Constitución de 1857 se ha preservado, y eso es una buena noticia. 

 

Agrego que debemos a la sociedad civil –particularmente a la organizada– una contención opositora, racional y razonable, a una pretensión equivocada de origen, porque su sustento inicial no mostró las buenas definiciones de un Estado democrático, ni la amenaza del mayoriteo lograron sobreponerse en este largo debate de la primera etapa del gobierno federal actual. Antes que los partidos estuvo esa sociedad civil, con su visión derechohumanista, con los propósitos de alentar una paz duradera, con el objetivo de privilegiar el diálogo para vadear el fanatismo de los sectores más radicales de MORENA, que daban por hecho que todo iba a suceder en congruencia servil con la narrativa mañanera. 

 

Cierto que los senadores supieron escuchar, en unos casos, autocontenerse en otros, y sacar adelante una resolución de amplio consenso. Nadie ganó todo y nadie perdió todo. Ni hay triunfos ni derrotas para siempre, y en este marco las moralejas tendrán que irse decantando para que las entiendan quienes deban entenderlas, inexcusablemente los partidos políticos, sea cual sea el peso específico que hoy ocupen dentro de las relaciones políticas de la república. 

 

No regateo el papel partidario de los opositores, no sería correcto, y en cambio sí parecería miserable soslayarlo. Por eso pienso que el tiempo corre, en favor o en contra, del gobierno federal para rendir cuentas: en cinco años las fuerzas armadas deberán regresar a sus cuarteles, a sus fortalezas, pero además será un tiempo para evaluar el respeto que se tenga por los derechos humanos y sobre todo el reemplazo de las fuerzas castrenses por instituciones civiles verdaderamente dotadas para la tarea que les corresponde. Para crear esas instituciones –policías, ministerios públicos, aparatos judiciales, sistema penal y penitenciario– hay un tiempo marcado. Nadie desea que en las postrimerías de este sexenio estemos igual y que baste la modificación de un transitorio para ampliarse seis años más y así vivir aquel mito del que subía una piedra por un cerro empinado para llegar a la cima, ver como se derrumbaba y empezar de nuevo.

 

Nunca he creído que los códigos y las constituciones per se produzcan la realidad social. En México hemos encontrado un contraste permanente entre esos códigos y la realidad porque suelen ir por sendas diferentes, a grado tal que no han faltado los que afirman que lo importante de la Constitución es que sea un programa, no un conjunto de normas superiores para regir, en este caso, el ejercicio del poder. Empero, y tomando en cuenta las aristas de la polémica sobre la Guardia Nacional, nos queda claro su acotamiento. En ese marco, es pertinente tener a la vista la síntesis de la calificada opinión de Naciones Unidas sobre el asunto que trato. Veamos:

 

La ONU destaca el giro que se le dio a la propuesta “desde un diseño predominantemente de corte militar hacia otro de carácter civil”, que la minuta aprobada por el Senado “respeta el carácter excepcional, restringido y limitado de la jurisdicción militar al no modificar al artículo 13 de la Constitución”, que se haya garantizado “la imposibilidad de privar a personas de la libertad en instalaciones militares y que toda persona detenida deberá ser puesta a disposición de la autoridad civil”.  

 

No es cualquier cosa. Que provenga de esa voz ampara a todos de un interés faccioso. Abona a esa oportunidad que se da a la política.

Nuestra historia demuestra con creces que la simulación aquí se ha enseñoreado con una maestría proverbial. En el transcurso mismo de procesamiento de la reforma ya todos advertían que la Guardia Nacional estaba actuando, por los desplazamientos previos en zonas de conflicto como Ciudad Juárez, Tijuana y Sinaloa, entre otras regiones. Si por la víspera, los días. 

 

En la etapa que viene el presidente podrá emplear a las fuerzas armadas dentro de un marco constitucional del que carecieron sus antecesores. Calderón, por ejemplo, declaró una “guerra” estúpida y mayúsculamente sangrienta; Peña Nieto continuó por la misma senda y en su momento ofreció que las terroríficas cifras de homicidios por ejecución se atemperarían, para llegar a números más escalofriantes. López Obrador ofreció en campaña regresar las fuerzas armadas a los cuarteles, luego deshonró su palabra e inició una reforma que hoy ha dado el paso fundamental que lo dota de una oportunidad que, al menos, no recibirá el reproche de emplear dichas fuerzas al margen de la Constitución. 

 

Eso obliga a dar un giro que se medirá por sus resultados, más allá de polémicas que arranquen de la simple lectura de artículos de nuestro código fundamental, de la importancia del 19 y del 129 que muy claramente reglamenta el funcionamiento en tiempos de paz de las multicitadas fuerzas castrenses, porque, no olvidemos, esta oportunidad que se ha dado a la política, al pluralismo, al reconocimiento de los otros, es una de cal por las que van de arena, que también nos llegó en esta coyuntura con un nuevo articulado que va a contrapelo del garantismo y derechohumanismo tan importantes (prisión preventiva oficiosa) en esta etapa de la vida de México.